Introducción general al curso de Ética y Economía

Padre Rafael Carbonell de Masy, S.J. [1]

Ética, economía y ecología

En las naciones latinoamericanas, de población mayoritaria católica, carece de sentido el contraste entre la fe y la pobreza degradante. Evangelizar con indiferencia a los aspectos éticos económicos, no sólo desconcierta: escandaliza.

Una pobreza que de rural, entre 1980 y 1990, pasó a ser urbana, primordialmente en la capital de la nación y en otras capitales de provincias o estados, con una población joven en mayoría y fugitiva de áreas rurales sin infraestructura adecuada de servicios ni con acceso a esos medios de transporte económico (fluvial y ferroviario), que tanto fomentaron empresas e iniciativas hoy inexistentes [2].

Ese contraste cuestiona a quienes, directa o indirectamente, influyen en las decisiones de carácter económico con repercusión en el territorio nacional: autoridades públicas y dirigentes de empresas, sindicatos, grupos políticos y otros grupos, que apoyando a concretos intereses económicos, acaban por supeditar el bienestar nacional al de relativas minorías. También cuestiona a cuantos, de algún modo, influyen en formar o en deformar las conciencias.

La irracional ocupación del espacio geográfico (concentraciones y espacios casi vacíos en territorios habitables) plantea un problema ético-económico que iniciamos con tres palabras etimológicamente complementarias:

La palabra ética, en plural según su lengua originaria griega, indica comportamientos, y equivale a costumbres (en latín, mores, de donde proviene moral). En este sentido, aún en uso, cabe hablar de diversas éticas o costumbres sin incluir en si mismas juicios de valor que califiquen un concreto comportamiento de correcto o incorrecto. Así la ética manifiesta sólo un comportamiento peculiar.

Esta interpretación no pierde importancia con la superficialidad del relativismo ético, y motiva a que profundicemos en las bases filosóficas de la ética. Sólo el ser humano, capaz de planteamientos con juicios de valor y de una libre decisión, difiere de cualquier otro animal meramente guiado por instintos y necesidades. La libertad humana, peculiar del acto humano, con intención o fin deseable, se nos presenta con una calidad particular o valor que califica a quien lo respeta (justicia, hacer el bien a otros, decir la verdad, etc.), sea una persona o una institución (como la empresa, el gobierno, etc.) [3].

La economía, en su sentido originario griego, reúne dos palabras: oikos o casa, y nomos o norma; es decir, la puesta en orden en la casa, o su administración. De su originaria referencia al hogar pasó la economía a otros ámbitos progresivamente amplios, con criterios, normas, y técnicas de evaluación de recursos limitados y de cómo usarlos en función de necesidades y preferencias [4].

El tercer concepto, ecología, de oikos y logos (palabra, razón, tratado) implica fundamentalmente tratar del ambiente o de la casa, en este caso, global, de manera razonable: esos recursos naturales donde vivimos son limitados y también vulnerables a nuestros comportamientos inadecuados.

Las relaciones entre esos tres conceptos de ética, economía y ecología, no justifican el simplismo de multiplicar normas y juicios. ¿Acaso nos corresponde imponer insoportables cargas sobre los otros, mientras desconocemos sus actividades económicas, a veces complejas, y esas causas y condiciones principales influyentes en ellas?

En frase acertada del Cardenal Ratzinger, "el enfoque ético no prescinde del conocimiento objetivo económico de las empresas. Y si prescinde, este enfoque no sería moral, sino más bien moralizante, lo que es opuesto a la moral" [5].

Conocer cómo funciona la economía, sus conceptos básicos y las relaciones entre quienes, de forma directa o indirecta, activa o pasiva, de algún modo participan e influyen en ella es tarea ineludible a la hora de referir ética a economía. No atañe a la Iglesia juzgar lo que desconoce o no le incumbe.

Quizás venga al caso evocar un conocido pasaje del Evangelio de S. Lucas, cuando alguien pidió a Jesús: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo; y oyó una pregunta contundente: ¡Hombre! ¿Quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Con la advertencia: Miren y guárdense de toda codicia porque aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes (Lucas, XII, 13-15).

Que el Maestro rechace la actuación judicial o de repartidor de bienes, según hacían los rabinos, es buena admonición a su Iglesia, liberada de esas tareas más pertinentes a la sociedad civil en ámbitos propios de los laicos; y ese valor relativo de la riqueza, incompatible con la codicia, apela a su uso más correcto, alienta a emprender iniciativas bien pensadas y de este modo contribuir a diversificar el empleo o ayudar a su relativa estabilidad, creando empresas, favoreciendo el buen crecimiento o la transformación de las mismas, con satisfacción de quienes son bien conscientes de su dignidad y de su capacidad laboral, reacios a depender de ayuda pública o de limosnas privadas.

Si en situaciones de emergencia, la ayuda es necesaria, a veces, ésta encubre fracasos y errores en la misma economía; y surge esta pregunta ¿por qué fracasan no pocos empresarios competentes, bien intencionados, muy ajenos a cualquier tipo de improvisación, y que distinguen entre participar en la propiedad de la empresa y asignar cargos a personas capacitadas sin el menor favoritismo, incluidos los propios familiares?

No cabe atribuir la estabilidad y la creación de empleo sólo a los empresarios, cuando afrontan un conjunto de riesgos y dificultades, quizás en gran parte reflejo de las decisiones o indecisiones del gobierno nacional a la hora de concretar políticas macroeconómicas (monetaria y fiscal), elegir los proyectos prioritarios para la inversión pública, elaborar el presupuesto nacional a su tiempo y, una vez aprobado, respetarlo, rindiendo oportunamente cuentas de lo que ocurre.

Tampoco cabe achacar la baja productividad a los trabajadores, el mal funcionamiento del mercado a los comerciantes; y así con otros supuestos culpables. Méritos y culpas son asignables a personas o grupos concretos, en cuanto podamos precisar sus responsabilidades.

Pero sin justificar las apatías: "…no se puede llegar fácilmente a una comprensión profunda de la realidad que tenemos ante nuestros ojos, sin dar un nombre a la raíz de los males que nos aquejan: egoísmos, estrechez de miras, o cálculos políticos errados y decisiones económicas imprudentes. Y en cada una de estas calificaciones se percibe una resonancia de carácter ético-moral. En efecto, la condición del hombre es tal que resulta difícil analizar profundamente las acciones y omisiones de las personas sin que implique, de una u otra forma, juicios o referencias de orden ético" [6].

Ni en economía ni en política, la auténtica ética justifica al incompetente, ni responde a intereses de un grupo o clase social, discriminando arbitrariamente. Quienes al asumir cargos, proclaman gran transparencia y honestidad mas defraudan, han perjudicado a los ciudadanos, por dañar a este "bien común" en su acepción amplia, que "encuentra su justificación plena y su sentido y del que deriva su legitimidad primigenia y propia" [7].

Bien común, si los ciudadanos "individual o colectivamente, evitan atribuir a la autoridad política todo poder y no piden al Estado, de manera inoportuna, ventajas o favores excesivos, con riesgo de disminuir la responsabilidad de las personas, de las familias y de las agrupaciones sociales" [8].

Cuando esta sociedad civil cuestiona a las autoridades públicas (locales, provinciales o regionales y nacionales) respecto al incumplimiento de promesas anunciadas antes de las campañas con miras a las elecciones, es muy consciente de la responsabilidad asumida y exige una información objetiva y oportuna sobre el uso de los recursos disponibles por los gobiernos con la rendición de cuentas. Así quienes deben ser ejemplo para la sociedad, pueden enseñar ética económica.

La buena convivencia social acompaña a las autoridades públicas conscientes de la responsabilidad prioritaria del Estado: la de apoyar una administración oportuna y correcta de la justicia (integrada por personas competentes y honestas, e independientes o sin injerencias ajenas), y asegurar la oferta de servicios públicos necesarios para el bienestar, participación activa de la misma sociedad, unión y paz (por ej., seguridad ante los violentos, etc.). A su vez, la sociedad civil alcanza mayor madurez en cuanto el Estado, sin nunca abandonar su responsabilidad, respeta el principio de subsidiaridad no entrometiéndose en actividades que la iniciativa privada puede desenvolver mejor.

Las relaciones entre el Estado y la economía de mercado no implican necesaria oposición; todo lo contrario, requiere una conveniente complementariedad. Por ej.: en la información verídica acerca de la oferta (calidad de productos, cantidades y peso en recipientes (envases, etc.) y participación en el mercado sin monopolios de hecho, gracias a seleccionar personas competentes para garantizar las funciones fundamentales del mercado sin que grupo alguno lo manipule o impida.

En ciertas circunstancias y abusos, injustificables y frecuentes, resulta comprensible tanta reacción violenta contra la economía del mercado. Quizás mejor apodarla "economía del mal mercado", pues no tiene en cuenta las condiciones y exigencias para el buen funcionamiento del mercado, y aceptar los límites del mismo mercado, incapaz de resolver los problemas económicos que en sí mismos no atañen al mercado (como el tráfico o la administración de justicia), pero están relacionados con él.

Por esta razón, antes de tratar temas de microeconomía, como el de la empresa, hemos de abordar temas que incumben al gobierno en sus políticas macroeconómicas, con una perspectiva amplia que favorezca el bien común, indispensable en la convivencia y complementariedad de cuantos integran la sociedad civil, y puedan contribuir, directa o indirectamente, a políticas satisfactorias y a revisar sus resultados. Y, mejor aún, según tradición en países democráticos, el gobierno antes de concretar las tareas (como la de fijar el tipo de interés oficial) y anticipar efectos, juzga conveniente sondear periódicamente las opiniones de dirigentes de empresas y de sindicatos en las regiones y sectores económicos. Tal consulta, aparte de evitar improvisaciones, fomenta en los ciudadanos una mayor responsabilidad ante las propuestas de quienes ejercen autoridad para bien de la misma sociedad.

La complementariedad entre la sociedad civil y la autoridad política tiene su paralelismo similar en la economía en cuanto a la oferta de bienes y servicios a través de organizaciones como empresas y distintas asociaciones (de productores, etc.) y así, en cuanto a la demanda, desde los consumidores. Vendedores y compradores con todas respectivas organizaciones contribuyen al funcionamiento del mercado bajo una supervisión de la autoridad pública, capaz sancionar comportamientos contra correcto funcionamiento del mercado, y de introducir innovaciones para mejorarlo; por ejemplo, la difusión oportuna de datos o facilitando conexiones entre mercados en una región y nación, o entre varias naciones, si fuera conveniente.

La apertura al mercado internacional merece particular atención por su amplitud y complejidad, al igual que las políticas macroeconómicas de las naciones participantes. Ocupará oportuno espacio en este curso sobre ética y economía.

[1] Profesor en la especialidad de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Sociales (Pontificia Universidad Gregoriana, Roma).
[2] R. CARBONELL DE MASY, Políticas económicas y ética en la región de América Latina y el Caribe, en Revista de Fomento Social, 50 (1995), p. 473-492.
[3] Umberto ECO- Carlo María MARTINI, ¿En qué creen los que no creen? Un diálogo sobre la Ética en el fin del Milenio (Buenos Aires, 1997). Y S. BASTANIEL, Il carattere specifico della morale cristiana (Roma, 1975), pag.71-75
[4] Algo semejante ocurre con la palabra alemana wirt (dueño de hospedería, casa) y wirtschaft (economía).
[5] Cfr. Hans TIETMEYER, Director de la Banca Federal Alemana, The social market economy and monetary stability, (London, Economica, 1999), pag. 128, donde cita unas declaraciones del Cardenal Ratzinger a la prensa alemana, de las que mencionamos las frases entre comillas.
[6] Juan Pablo II, enciclica Sollicitudo Rei Socialis, número 36, del que he abreviado algunas frases.
[7] "..El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección".Véase Constitución Gaudium et Spes, capítulo IV( documentos del Concilio Vaticano II), donde incorpora ese texto de la encíclica Mater et Magistra de S. S. Juan XXIII.
[7] Ibiden.
[8] Ibiden